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La cumbre sobre seguridad y soberanía alimentaria fue convocada por el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para discutir mecanismos de apoyo que permitan enfrentar la escasez y carestía de productos de consumo.

Al evento asistieron los presidentes de Bolivia, Evo Morales; Ecuador, Rafael Correa; Manuel Zelaya de Honduras, Oscar Arias de Costa Rica, y René Préval de Haití, además del primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves.
También estuvieron presentes los cancilleres de Venezuela, El Salvador y México.

Objeción de Costa Rica
Pero, al final de la reunión, el presidente costaricense, Oscar Arias, dijo que prefería que se excluyera el nombre de su país en la declaración que sellaría el encuentro.

Los participantes habían coincidido en que el origen de la crisis yace en las tendencias de consumo de los países desarrollados y las políticas neoliberales de los últimos años en los países en vías de desarrollo.

Además destacaron la necesidad de aplicar incentivos para la producción agrícola en sus países.
Sin embargo, Arias dijo que la declaración final contenía juicios de valor que no compartía.
"Preferiría que esa declaración no lleve mi nombre, porque contiene algunas afirmaciones políticas que mi país no puede respaldar", dijo Arias cuando Ortega se disponía a dar por concluida la cumbre.

Sin embargo, Arias no detalló a que afirmaciones políticas se refería.

En todo caso, el documento no fue leído ni entregado a los medios de comunicación.

Se informó que la declaración, que aparentemente fue redactada antes de iniciarse el evento y nunca fue discutida durante la reunión, servirá de base de trabajo para una próxima cumbre que se celebrará en México.

ALBA culpa al "imperio"

Tras finalizar el encuentro, Arias declaró a la prensa que los países que integran ALBA "no creen en el libre comercio".
Por su parte, la canciller mexicana, Patricia Espinoza, dijo no estar de acuerdo con que una iniciativa venezolana para paliar la crisis de alimento fuera anexada a la declaración final de la cumbre.

La propuesta de Venezuela consiste en una serie de medidas, entre las que figura el ofrecimiento de US$100 millones para apoyar iniciativas para aumentar la producción de alimentos en la región y la creación de un fondo de "petro-alimentos" por gobiernos productores de petróleo.